Derechos Humanos en Argentina

EL PROCESO DE MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA

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La investigación penal y los juicios de tribunales nacionales sobre centenares de responsables de crímenes de la última dictadura (1976-1983) hicieron de la Argentina un caso emblemático en el mundo. El proceso no estuvo exento de tensiones y retrocesos, pero produjo reparaciones en el acceso a la Justicia para miles de víctimas, el reconocimiento del Estado de su condición de perpetrador y la prisión efectiva de cientos de acusados.

El reclamo de juicio y castigo comenzó aún en dictadura, cuando miles de familiares de desaparecidos y organizaciones solidarias con ellas presentaron habeas corpus ante la Justicia que eran usualmente rechazados y desarrollaron todo tipo de acciones en el exterior para eludir el bloqueo informativo. Acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Unesco, Cruz Roja y Amnistía Internacional entre otros organismos. Con el retorno de la democracia, el Ejecutivo impulsó la creación de la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas (Conadep) base del Juicio a las Juntas de Comandantes, un hecho sin precedentes en el mundo que concluyó con la condena a seis de sus nueve integrantes y la orden de la apertura de juicios en todo el país. El proceso quedó interrumpido con la sanción de la Ley de Punto Final (1986) y la Ley de Obediencia Debida (1987), sin embargo el reclamo encontró alternativas con la apertura de juicios en el exterior y juicios por la verdad exentos de sanción penal. Luego de un fallo de la CIDH, en 2001 la justicia federal declaró inconstitucionales y nulas las leyes del perdón. En 2003, por iniciativa del presidente Néstor Kirchner, el Congreso declaró insalvablemente nulas a esas leyes. Y en 2005, lo hizo la Corte Suprema de Justicia. La decisión abrió un período de diez años ininterrumpidos de juicios orales durante los cuales hubo 173 sentencias con 733 condenas y 78 absoluciones en un período marcado por un alineamiento sin precedentes de los tres poderes del Estado en el impulso de políticas públicas del proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Y un trabajo descomunal de desclasificación de archivos secretos de las Fuerzas Armadas.

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A partir de diciembre de 2015, todo el proceso entró en un franco retroceso con el desmantelamiento y desfinanciamiento de programas y una preocupante habilitación simbólica que orada pisos de consensos alcanzados por la sociedad argentina durante los últimos 20 años. El presidente Mauricio Macri habla de “guerra sucia” y nunca se le escuchó pronunciar la palabra “desaparecidos”. Funcionarios de primeras líneas discuten el número de los desaparecidos, intentaron hacer turístico el feriado del 24 de marzo, fecha en la que se conmemora el inicio de la sangrienta dictadura cívico militar que se inició en 1976 y niegan el genocidio. Cada declaración o decisión solió concluir con la presencia de algún otro funcionario que ante repudios masivos debe hacer la exégesis de lo incorregible en un escenario que también permeó al plano de la Justicia. Los juicios por delitos de lesa humanidad continúan, pero los retrocesos en el campo judicial han ido en aumento hasta culminar en abril de 2017 con un fallo de la Corte Suprema que otorgó el beneficio del 2x1 a los represores detenidos. La decisión estuvo precedida por el fallo del caso Fontevecchia que busca desvincular al país de los sistemas internacionales protectores de los derechos humanos al entender que los jueces no están obligados a cumplir resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La organización Tupac Amaru fue fundamental para el avance de las causas por crímenes de lesa humanidad en la provincia de Jujuy. Las demandas de la organización liderada por Milagro Sala desde la calle permitieron luego de 40 años el procesamiento del empresario Carlos Blaquier propietario del Ingenio Ledesma, uno de los símbolos más representativos de la corresponsabilidad civil del genocidio.

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