Denuncian hostigamiento a las presas políticas de la Tupac en Jujuy

Estela Díaz y Mara Brawer,  coordinadoras del Comité por la Libertad de Milagro Sala, se reunieron con el secretario de Seguridad de Jujuy y con el subjefe del Servicio Penitenciario provincial. Denunciaron que el hostigamiento que pone en peligro la integridad física y psíquica de Gladys Díaz, Mirta Aizama, Mirta Rosa Guerrero y Graciela López, detenidas en el penal de Alto Comedero.

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Tras visitar a Milagro Sala en su nuevo lugar de detención, que fue calificado por el propio juez Pablo Pullen Llermanos como una “prisión sui generis”, la coordinadoras del Comité por la Libertad de Milagro Sala, Estela Díaz y Mara Brawer, se reunieron con el secretario de Seguridad de Jujuy, Miguel Ángel Singh, y con el subjefe del Servicio Penitenciario provincial, Jorge Martin Llapur. Ante los funcionarios denunciaron que el planteo que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el hostigamiento que ponía en peligro la integridad física y psíquica de Milagro Sala se ejerce ahora sobre Gladys Díaz, Mirta Aizama, Mirta Rosa Guerrero y Graciela López, presas políticas de Gerardo Morales y Mauricio Macri en el Penal de Alto Comedero.

Mara Brawe y Estela Díaz exigieron que se garantizara la vida y la seguridad de las detenidas y reclamaron la renuncia del Jefe de la Unidad, Pedro Vilte, y el desplazamiento de las oficiales Castro, Farfan y Prieto, a quienes responsabilizaron de dejar zonas liberadas para que se produzcan las agresiones.

El Comité por la Libertad de Milagro Sala también está tramitando una reunión con funcionarios nacionales para manifestar la preocupación sobre la situación de detención de las personas privadas arbitrariamente de su libertad en Jujuy. Por otra parte, los abogados Ariel Ruarte y Paula Alvarez Carreras, presentaron un habeas corpus ante la jueza Monica Cruz Martinez, del Juzgado de Violencia de Genero.

Hostigamiento y malos tratos

El alerta se encendió el pasado jueves, cuando en una comunicación telefónica desde la cárcel, una de las presas políticas avisó que la tarde anterior, tras haberse retirado las visitas, sufrieron una requisa muy violenta. Mirta Rosa Guerrero, recién operada de una hernia, fue obligada a permanecer de pie, hasta que no pudo aguantar más el dolor: se largó a llorar y se descompensó. Recién entonces le permitieron sentarse. Al día siguiente las detenidas le reprocharon al jefe de la unidad el trato recibido. Guerrero pidió salir a la Fiscalía a realizar la denuncia pero se lo negaron.

Por otra parte, reclamaron que a López tampoco le permitieron hacer una denuncia sobre una agresión que sufrió el domingo, cuando una interna de apellido Miranda -que ya había agredido a Milagro Sala en un día de visitas cuando se encontraba junto a su familia y que, según la dirigente social había recibido dinero de parte del gobierno para hostigarla- la insultó y amenazó. Desde la partida de Milagro Sala, esa mujer comenzó a hostigar a las compañeras de militancia de la dirigente social,  incluso con amenazas de muerte.

Ese mismo domingo, mientras compartía el almuerzo con su madre, Graciela López fue a buscar a una interna de apellido Puma, de origen boliviano. Mientras Milagro Sala estaba en el penal intentó integrarla y la defendía de los ataques de otras presas. La mujer habla quechua y casi nada de español, lo que la mantiene aislada y con una aparente depresión. Cuando fue hacia el sector donde se encontraba Puma, López vio que allí solo había una oficial, pero observó que en el patio no había ninguna otra, lo que le produjo una sensación de inseguridad, sobre todo después del episodio de la mañana. Más tarde se protagonizaría en la Unidad una pelea entre Miranda y otra interna de apellido Luis.

El personal del servicio penitenciario no dejó que Puma fuera con López, y ésta regresó junto a su madre. Al poco tiempo empezaron corridas por parte del servicio penitenciario y otras internas. Tomaron conocimiento que la mujer a quien no le permitieron ir con López se había intentado ahorcar. El SAME la descolgó, le hicieron los primeros auxilios y la trasladaron al hospital. Por la noche regresó al penal.

Al momento de iniciarse las corridas, se produjo un fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones de la cárcel, con policías fuertemente armados que apuntaban desde afuera a las mujeres alojadas en la unidad que estaban con sus visitas, generando una situación de temor.

A partir de tomar conocimiento de estos hechos, el Comité por la Libertad de Milagro Sala gestionó una reunión con los funcionarios provinciales. Si bien debían ser atendidas por el ministro de Seguridad, Ekel Meyer, las recibió Singh junto a Llapur. En el encuentro, Brawer y Díaz reclamaron que no les permitieron a Guerrero y López hacer las denuncias respectivas. Fue recién entonces que los funcionarios ordenaron que se las trasladara a la Brigada de Investigaciones donde les tomó la denuncia el fiscal Darío Osinaga.

Tras la reunión, las coordinadoras del Comité por la Libertad de Milagro Sala señalaron que “los funcionarios cuando hablan del Penal de mujeres del Alto Comedero, parecerían estar hablando de la mejor cárcel del mundo. Insisten con una visión respecto a la conflictividad de las presas de la Tupac porque organizan y defienden contra los abusos a las otras internas. Les reafirmamos que tenemos visiones confrontadas, ya que para nosotros son presas políticas y gran parte de los problemas existentes devienen de su negativa en reconocerlas como tales. Les aclaramos además que los reclamos no tienen que ver con la infraestructura del penal, que no fue cuestionada, sino sobre el trato que reciben las internas y el hostigamiento sistemático al que son sometidas, tal cual lo vivió Milagro allí y ha sido reconocido por la CIDH. Estos días no han querido salir de sus celdas siquiera para buscar comida porque temen ser atacadas por otras presas que cuentan con el aval de algunos oficiales de la Unidad, que parecen dejar zona liberada de actuación a las presas para agredir a las compañeras de Milagro. Nos vamos con la misma preocupación con la que llegamos porque no nos han dicho de qué manera van a garantizar la integridad física de las compañeras”, señalaron.

“En menos de un año se produjeron dos asesinatos en el penal de hombres de Gorriti. Es el Estado el responsable de garantizar la vida de quienes están a su disposición en el servicio penitenciario y es inadmisible que una interna en el Penal de Alto Comedero haya llegado a colgarse. Es claro que no hay garantías sobre la integridad de quienes están allí alojadas y es urgente que se tomen medidas al respecto”, concluyeron Brawer y Díaz.

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