EL CASO: PRESOS POLÍTICOS EN ARGENTINA.

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No es sólo Milagro: son 12 presos políticos.

La dirigente social y diputada del Parlasur Milagro Sala se encuentra encarcelada arbitrariamente desde el 16 de Enero de 2016. Es la cara más visible de la persecusión política en Argentina, pero no es la única presa política. En las provincias de Jujuy y Mendoza hay más de 100 miembros de la Tupac Amaru imputados y 8 detenidos.


Presos y presas políticos:

  • Milagro Sala
  • Gladys Diaz
  • Mirta Aizama
  • Mirta Rosa Guerrero
  • Graciela López
  • Alberto Cardozo
  • Javier Nieva
  • Federico Torrengo

 Milagro Sala es una de las líderes sociales más destacadas e importantes de la Argentina: una mujer de ascendencia indígena en un país que aún exhibe elevados índices de racismo, y una vocera de la justicia y el bienestar social. La organización Tupac Amaru -de la cual es fundadora y principal referente- cuenta con decenas de miles de miembros a lo largo y ancho del país. De fuerte inserción territorial -sobre todo en los barrios más carenciados de los grupos urbanos del noroeste argentino-, constituye un modelo de organización barrial comprometida con la inclusión de mujeres y otras minorías en resortes clave de la vida comunitaria. La Organización nació en la provincia norteña de Jujuy -una de las más pobres del país, según datos oficiales- y es allí donde su impacto ha sido más importante, garantizando prestaciones y beneficios a lo sectores más desfavorecidos de la población, y brindándoles gratuitamente servicios de Salud, Educación, Vivienda y Alimentación.

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Su injusto e irregular encarcelamiento fue a raíz de su participación en una protesta de cooperativistas que acamparon frente a la Casa de Gobierno de Jujuy en demanda de una audiencia relacionada con la entrega de planes sociales. El gobernador de la provincia (y aliado cercano del Presidente Mauricio Macri) Gerardo Morales se niega a acatar la resolución de la ONU y desoye repetidamente los llamados a acabar con la persecución política. Según un reconocido periodista, el mismo Morales le aseguró que “tenía 60 causas preparadas para ir presentando a medida que se cayeran las anteriores”.

Ésta no es el modo en el que se supone deban funcionar las instituciones jurídicas. De hecho la Justicia y la Democracia están en riesgo desde el momento en el que el Poder Judicial y las cárceles se utilizan como herramientas para silenciar las voces de la oposición política.

Motivados por objetivos políticos, aquellos que detentan el poder se han embarcado en una campaña de calumnias y mentiras contra Sala y su organización popular.

El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas estableció que “desde diciembre de 2015 hubo un entramado de “acusaciones consecutivas” y un despliegue de causas judiciales destinados a sostener la privación de libertad de la dirigente social de manera indefinida en el tiempo”, a la vez que solicitó que “el Gobierno implemente en su totalidad las Opiniones que el GTDA adoptó sobre la Argentina". Y finalmente advirtió que "es responsabilidad del gobierno federal garantizar que se cumplan todas las obligaciones jurídicas internacionales en todos los niveles dentro de su jurisdicción. La estructura federal del país no debería obstaculizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones internacionales asumidas por la Argentina”.

Sin Milagro en libertad, no existe la verdadera democracia.

Hoy es ella. Mañana podés ser vos.

Firmá la petición.


 

Los Derechos Humanos en la Argentina

ARGENTINA: EL PROCESO DE MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA

La investigación penal y los juicios de tribunales nacionales sobre centenares de responsables de crímenes de la última dictadura (1976-1983) hicieron de la Argentina un caso emblemático en el mundo. El proceso no estuvo exento de tensiones y retrocesos, pero produjo reparaciones en el acceso a la Justicia para miles de víctimas, el reconocimiento del Estado de su condición de perpetrador y la prisión efectiva de cientos de acusados.

El reclamo de juicio y castigo comenzó aún en dictadura, cuando miles de familiares de desaparecidos y organizaciones solidarias con ellas presentaron habeas corpus ante la Justicia que eran usualmente rechazados y desarrollaron todo tipo de acciones en el exterior para eludir el bloqueo informativo. Acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Unesco, Cruz Roja y Amnistía Internacional entre otros organismos. Con el retorno de la democracia, el Ejecutivo impulsó la creación de la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas (Conadep) base del Juicio a las Juntas de Comandantes, un hecho sin precedentes en el mundo que concluyó con la condena a seis de sus nueve integrantes y la orden de la apertura de juicios en todo el país. El proceso quedó interrumpido con la sanción de la Ley de Punto Final (1986) y la Ley de Obediencia Debida (1987), sin embargo el reclamo encontró alternativas con la apertura de juicios en el exterior y juicios por la verdad exentos de sanción penal. Luego de un fallo de la CIDH, en 2001 la justicia federal declaró inconstitucionales y nulas las leyes del perdón. En 2003, por iniciativa del presidente Néstor Kirchner, el Congreso declaró insalvablemente nulas a esas leyes. Y en 2005, lo hizo la Corte Suprema de Justicia. La decisión abrió un período de diez años ininterrumpidos de juicios orales durante los cuales hubo 173 sentencias con 733 condenas y 78 absoluciones en un período marcado por un alineamiento sin precedentes de los tres poderes del Estado en el impulso de políticas públicas del proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Y un trabajo descomunal de desclasificación de archivos secretos de las Fuerzas Armadas.

A partir de diciembre de 2015, todo el proceso entró en un franco retroceso con el desmantelamiento y desfinanciamiento de programas y una preocupante habilitación simbólica que orada pisos de consensos alcanzados por la sociedad argentina durante los últimos 20 años. El presidente Mauricio Macri habla de “guerra sucia” y nunca se le escuchó pronunciar la palabra “desaparecidos”. Funcionarios de primeras líneas discuten el número de los desaparecidos, intentaron hacer turístico el feriado del 24 de marzo, fecha en la que se conmemora el inicio de la sangrienta dictadura cívico militar que se inició en 1976 y niegan el genocidio. Cada declaración o decisión solió concluir con la presencia de algún otro funcionario que ante repudios masivos debe hacer la exégesis de lo incorregible en un escenario que también permeó al plano de la Justicia. Los juicios por delitos de lesa humanidad continúan, pero los retrocesos en el campo judicial han ido en aumento hasta culminar en abril de 2017 con un fallo de la Corte Suprema que otorgó el beneficio del 2x1 a los represores detenidos. La decisión estuvo precedida por el fallo del caso Fontevecchia que busca desvincular al país de los sistemas internacionales protectores de los derechos humanos al entender que los jueces no están obligados a cumplir resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La organización Tupac Amaru fue fundamental para el avance de las causas por crímenes de lesa humanidad en la provincia de Jujuy. Las demandas de la organización liderada por Milagro Sala desde la calle permitieron luego de 40 años el procesamiento del empresario Carlos Blaquier propietario del Ingenio Ledesma, uno de los símbolos más representativos de la corresponsabilidad civil del genocidio.


 

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