Informe Comité Nacional para la prevención de la Tortura

Informe sobre intervención del Comité Nacional Contra la Tortura.

Informe completo en el link

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El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura es un organismo federal, aplicado a velar por los derechos humanos de las personas en contextos de encierro. Fue creado por la Ley 26.827 en 2013 y puesto en funcionamiento a finales del 2017.

 

Está integrado por 13 miembros: el Procurador Penitenciario de la Nación; seis (6) representantes parlamentarios; dos (2) representantes de los Mecanismos Locales elegidos por el Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de Tortura; tres (3) representantes de organizaciones no gubernamentales que desarrollen actividades de defensa de los derechos de las personas privadas de libertad y para la prevención de la tortura y un (1) representante de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación.

 

El 27 de julio pasado la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos presentó un pedido de intervención urgente al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, en los términos de la Ley 26.827/13 que creó el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en favor de MIRTA ROSA GUERRERO, que daba cuenta de la gravedad de su situación y el riego de vida que corría en condiciones de encierro. Detallamos las tres intervenciones quirúrgicas que se le practicaron y sus consecuencias, la desatención a la que se le estaba sometiendo y el hostigamiento padecido por parte del personal penitenciario.

 

A pocos días de esa presentación, tras la intempestiva e ilegal decisión de trasladar a Milagro Sala al Penal Federal salteño de General Güemes, por orden del juez Pablo Pullen Llermanos, se realizaron varias denuncias ante el mismo Organismo dando cuenta de este nuevo atropello, que contrariaba lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

 

Así fue como finalmente el 17 y 18 de agosto, cuatro (4) Comisionados viajaron a la provincia de Jujuy, a consecuencia de las denuncias recibidas.

 

El informe que produjeron, avalado por el Comité en pleno, pudo confirmar en el lugar la veracidad de nuestros dichos.

 

Tal es así que en sus “Considerandos”, luego de dar cuenta de su misión y atribuciones, el Comité reconoce la veracidad de la denuncia formulada por la APDH y confirma la gravedad de la situación advertida en el lugar mismo de los hechos.

 

Tras ello, formulan un fuerte reproche al Poder Judicial Provincial que alcanza al  Superior Tribunal de Justicia Provincial, por el abuso de la prisión preventiva y la prorroga dispuesta transcurridos holgadamente los dos (2) años de esa medida coercitiva.

 

Y puntualmente respecto a Milagro Sala le solicitan a la cabeza de la Justicia local 1) que le remita la documentación por la que debe entenderse que el juez Pullen Llermanos, resulta competente para resolver hoy sobre todo lo relacionado con la prisión de Milagro Sala; 2) el pleno cumplimiento de las medidas ordenadas por la Corte Interamericana, ratificadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación; 3) le recomiendan a las autoridades judiciales que le garanticen a Milagro una adecuada atención médica y psicológica, sin condicionamientos ni limitaciones y 4) al Poder Ejecutivo Nacional le solicitan que revise la colaboración de las fuerzas de seguridad federales (Gendarmería) en su custodia, ya que no sólo están incumpliendo con las medidas ordenadas por la Corte Interamericana y la propia CSJN sino también violentando normativa nacional que lo prohíbe.

 

En cuanto a Mirta Rosa Guerrero, requieren: 1) a las autoridades judiciales provinciales, que adopten medidas similares a las recomendadas por la Corte Interamericana respecto de Milagro Sala y dispongan en favor de Guerrero la detención domiciliaria u otra medida alternativa; 2) que en cumplimiento de los tratados y las leyes nacionales, le brinden conforme las recomendaciones médicas, la atención que le fuera indicada por sus facultativos; 3) que revisen la razonabilidad y proporcionalidad de la prisión a la que está sometida.

 

Además le pide al Poder Ejecutivo Provincial como el Poder Ejecutivo Nacional que instruyan adecuadamente a sus agencias estatales sobre las atribuciones legales del Comité Nacional contra la Tortura para dar cumplimiento a su misión, como que en tiempo razonable le comunique los avances  habidos respecto de sus recomendaciones y en cualquier caso, los obstáculos que pudieran encontrar para dar cumplimiento pronto y efectivo a sus encomiendas.

 

Hasta lo que sabemos, la Administración jujeña como el Poder Judicial Provincial y la Administración Nacional respondieron ambiguamente los requerimientos.

 

Debemos señalar que el informe en cuestión a nosotros en tanto peticionarios nos produjo satisfacción, no sólo por ser reflexivo y claro sino porque reconoce todo lo que señalamos en nuestra denuncia y recoge nuestra solicitud en su totalidad.

 

Estimamos que por estas horas el Comité contra la Tortura hará público todo lo actuado en este que ha sido su primer caso, en línea con lo que aquí destacamos y hará saber los resultados de su investigación a la Corte IDH, a la CIDH, a la ONU y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a fin de que tomen debida nota de todo esto y en particular de las arbitrariedades manifiestas que pueden advertirse en los casos examinados y obren en consecuencia. No dudamos que eso agravará la situación internacional en que ha sido colocada la Argentina en especial desde 2015 y de lo que es responsable el gobierno de Macri y la alianza gobernante, tanto en lo que hace al cumplimiento de las recomendaciones y directivas emanadas del sistema regional y universal del cual es parte y por violentar los Tratados, Pactos y Convenciones de Derechos Humanos suscriptos por nuestro país e incorporados a nuestra Constitución en 1994, todo lo que no resulta novedoso para nosotros. 

 

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos

Comité por la Libertad de Milagro Sala

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