Reunión del Comité con funcionarios del Ministerio de Justicia

El Comité por la Libertad de Milagro se reunió hoy con autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para denunciar el constante hostigamiento que sufren las cuatro presas políticas de la Tupac Amaru detenidas en el penal de Alto Comedero, en Jujuy. Además, reclamaron por el incumplimiento de la cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que exigió la libertad inmediata de la diputada del Parlasur y planteó medidas alternativas de libertad vigilada. “Milagro Sala no está en prisión domiciliaria ni en libertad con pulsera electrónica. La han llevado a un régimen inexistente, que implica transformar su casa en una cárcel, con mayores restricciones que las que tenía en el penal”, explicó Estela Díaz, coordinadora del Comité y secretaria de Género de la CTA.

Por el Comité participaron, además de Estela Díaz, el diácono Ricardo Carrizo, de Curas en Opción por los Pobres, el ex jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra y la referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos María Elena Naddeo. Fueron recibidos por Martín Casares, jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y los asesores Siro de Martini y Martín Gershanik. 

Ante el planteo por el incumplimiento del Estado Nacional de la cautelar de la CIDH, los funcionarios explicaron que deben aguardar que el organismo internacional se pronuncie ante el planteo realizado por los organismos peticionantes, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Amnistía Internacional y ANDHES. “Más allá de que a Milagro la sacaron del penal, le dieron un anexo de la prisión: en un domicilio que no es el de ella, donde no vive su marido y que estaba destruido. Una vez que se arregló la casa le impusieron restricciones que no tiene nadie en Argentina, ni siquiera los condenados por delitos de lesa humanidad: 23 gendarmes por turno, 11 cámaras de vigilancia que controlan todos los movimientos las 24 horas y  restricciones en las visitas”, explicó Aníbal Ibarra.

Además, desde el Comité denunciaron el hostigamiento del que son víctimas las presas políticas de la Tupac Amaru Graciela López, Mirta Aizama, Mirta Guerrero y Gladis Díaz, detenidas en el penal de Alto Comedero, en las afueras de San Salvador de Jujuy. “Hay una situación de peligro para su vida y se deben plantear medidas urgentes. Desde el domingo están encerradas en su celda por temor”, explicó Díaz. Los funcionarios se comprometieron a informar de esta situación al Poder Judicial y a la Secretaría de Derechos Humanos de Jujuy. 

“Son presas políticas y hay un ensañamiento manifiesto contra ellas. Nosotros vamos a seguir responsabilizando por esta situación tanto al gobierno nacional como al gobierno de Jujuy”, agregó Díaz

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