“HOY EL PODER JUDICIAL GARANTIZA LA IMPUNIDAD A LOS COMPLICES CIVILES DE LA DICTADURA”

MULTITUDINARIA MARCHA POR LA NOCHE DEL APAGON EN CALILEGUA

“Juicio y castigo, con vida los llevaron, con vida los queremos”, reclamaban los organismos de Derechos Humanos en 1983, cuando comenzaron a marchar en Jujuy en contra de la impunidad por los hechos ocurridos en lo que se conoce como “La Noche del Apagón”. Con el tiempo, las consignas se fueron ampliando. Este jueves, a 41 años de aquellos sucesos, las exigencias ya no apuntan solamente contra los responsables civiles y militares de la dictadura. Se denuncia también la relación que tienen en la actualidad los mismos empresarios cómplices del Terrorismo de Estado con el Poder Judicial, como si hoy jueces y fiscales hicieran la tarea que hacían las fuerzas de seguridad durante la dictadura para beneficio de los mismos sectores económicos. Criminalizar, reprimir, privar ilegalmente de la libertad a los dirigentes sociales, disciplinar a la clase trabajadora. La jornada comenzó con un acto frente al penal de mujeres de Alto Comedero donde están privadas arbitrariamente de su libertad Milagro Sala, Gladys Diaz, Mirta Guerrero, Mirta Aizama y Graciela Lopez. La diputada del Parlasur, a través de un mensaje de audio estuvo presente en el acto, al igual que Alberto Cardozo, otro de los presos políticos de Gerardo Morales y Mauricio Macri, en plena democracia.

“En la época de la dictadura con la complicidad del Ingenio Ledesma, de Blaquier, han secuestrado a los obreros que luchaban por reivindicaciones laborales. Hoy esto se recrudece y se vuelve a poner en el tapete la relación de la empresa contra los trabajadores. Hay una complicidad entre los empresarios y la corporación judicial para ir en contra de los derechos de los obreros, con la flexibilización laboral en marcha”, aseguró Inés Peña, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy.

La movilización, multitudinaria, partió desde Calilegua y, como todos los años recorrió siete kilómetros, hasta la plaza central de Ledesma donde se realizó el acto de cierre.

Uno de los ejes de la jornada fue la situación por la que atraviesan los dirigentes del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL) que resisten el embate del Poder Judicial y del Ministerio de Trabajo de la Nación y de la provincia, una vez más a favor de los intereses del Ingenio.

Los representantes del gremio ya habían denunciado la judicialización y la criminalización de la protesta en mayo de este año, cuando se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, buscando -como en las épocas más oscuras de nuestra historia- auxilio en el exterior. En estas últimas semanas se agregó el desconocimiento por parte de las autoridades de la cartera laboral de las elecciones que revalidaron el mandato de los actuales dirigentes. A pesar que los gremialistas sostienen su representatividad, la empresa, con el aval del gobierno, los desconoce y la amenaza de intervención del sindicato está en ciernes. Suspensiones por supuesto bajo rendimiento, sobrecarga de tareas e incorporación de nuevos equipos en el campo, que reemplazan la mano de obra, son algunas de las situaciones que padecen los trabajadores del Ingenio Ledesma.

“Hoy la patronal se siente respaldada por las políticas del Presidente y del Gobernador de la provincia y están dispuestos a encarcelar a los dirigentes sindicales y sociales poniendo todo el sistema judicial y laboral a favor de la patronal”, reclamó Rafael Vargas, secretario general del SOEAIL.

Durante la movilización se escucharon los reclamos históricos: el fin de la impunidad civil, empresarial y eclesiástica; cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas; juicio y cárcel común a Carlos Pedro Blaquier y a Alberto Lemos, responsables civiles del golpe genocida del 76; justicia para los compañeros detenidos desaparecidos.

Pero también hubieron duras críticas a la situación del Poder Judicial, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, con una Corte que hace dos años tiene en su poder un recurso para decidir sobre la falta de mérito que benefició a Carlos Pedro Blaquier que dictó la Sala IV de Casación Penal, la misma que agravó la pena contra Milagro Sala por unos huevos que no tiró ni instigó a tirar. “Que las vidas no valgan menos que unos huevos”, reclamaron.

Paula Álvarez Carreras, abogada querellante en los juicios por delitos de lesa humanidad les dijo en la cara a los jueces Gustavo Hornos y Juan Carlos Germigniani que eran responsables de la impunidad de los cómplices civiles de la dictadura, en la misma audiencia en la que defendió a Milagro Sala y Graciela López de un fallo vergonzoso que había emitido el Tribunal Oral Federal de Jujuy y que esos magistrados junto a Mariano Borinsky potenciaron. "A 41 años del golpe cívico militar la impunidad se reedita en democracia. Con una Corte Suprema de Justicia que no resuelve si Blaquier y Lemos conocían o no la situación, la responsabilidad que les compete por el uso de las camionetas de la empresa durante esas noches de julio de 1976 y la finalidad última de ese uso. Una Corte cuya urgencia lejos tiene la resolución sobre la libertad de una presa política en democracia como es Milagro Sala. Una Corte que está más conmovida por la avanzada edad de los que torturaron y desaparecieron compañeros, a quienes ya benefició para que vuelvan pronto a sus casas o para que recuperen su libertad. El retroceso es vergonzoso para un país que en otros momentos fue ejemplo y referencia internacional en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia”.

“Por una justicia independiente en Jujuy; repudio a la justicia jujeña por garantizar la impunidad en la noche del Apagón; repudio a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por beneficiar durante este gobierno a los genocidas; libertad a Milagro Sala y a todos los presos políticos”, también formaron parte de las consignas plasmadas en un documento consensuado por los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y sindicales. El Tribunal Oral Federal, que integran Mario Juárez Almaraz, María Alejandra Cataldi y Federico Santiago Díaz, debía iniciar el juicio por los hechos de La Noche del Apagón en diciembre pasado. Sin embargo, suspendió el proceso por el que esperan las víctimas desde hace más de cuatro décadas para sentar en el banquillo a Milagro Sala, respondiendo así a los caprichos del gobernador, que recibió durante su campaña el apoyo y el financiamiento de Ledesma.

En pleno acto, a pesar de su ausencia física, Milagro Sala estuvo presente. No sólo en las consignas. “Lamento mucho este año no estar marchando en la movilización de La Noche del Apagón. Se que hay muchísimos compañeros que han venido de otros lados, muchísimos jujeños que no van a permitir que haya ni olvido ni perdón. Tengo claro que estoy presa gracias a Blaquier, que hoy el payaso de Blaquier es Gerardo Morales y le pido a la juventud que defienda nuestro país, nuestra patria y nuestro Jujuy que es el que nos necesita. La marcha tiene que ser cada vez más grande para que los jóvenes tomen conciencia que son el futuro de nuestro país. Compañeros fuerza, y a seguir marchando por nuestra dignidad y por los 30 mil compañeros desaparecidos”, dijo a través de un mensaje grabado desde la cárcel.

Inés Peña recordó a Página 12 cuánto significó la presencia de la Tupac Amaru en las calles para poder comenzar con los juicios por los crímenes de lesa humanidad. “Una intervención de miles de personas que logró arrancarle a la Corte Suprema una declaración de emergencia judicial para la provincia, designar a un nuevo juez federal y, luego de décadas, realizar los primeros allanamientos en los edificios del Ingenio Ledesma que condujeron a las indagatorias, procesamientos y finalmente, en marzo de 2015 a la falta de mérito dictada por la Sala IV de Casación Penal de la Nación”.

Alberto Cardozo, dirigente de la organización social Tekure, preso politico en el penal de Gorriti, también envió un mensaje desde la carcel. "Llevo un año y cuatro meses detenido. Siempre participé de estas marchas. Hicimos movilizaciones con mi organización, mi gente, con varias agrupaciones de toda la provincia, íbamos de Calilegua a Libertador estando al lado de los familiares. Y hoy sé que la persona que es innombrable en Jujuy, Blaquier, sigue todavía en el poder, apoyando a nivel provincial y nacional. Y más dolor me da estar preso en el Penal de Villa Gorriti donde estuvieron los presos políticos en dictadura, y donde se dice que ya no se sufren mas torturas pero en mi caso lo sufrí cuando me ingresaron, cuando fui detenido y quedé preso en esta cárcel", aseguró en el audio.

“Después de 41 años de lucha de los organismos de derechos humanos y de haber intentado llevar a buen puerto las banderas de la Memoria, la Verdad y la Justicia, nos encontramos con el mismo escenario de los poderes económicos, los poderes reales, dominando toda la escena del país y utilizando las fuerzas represivas para controlar la lucha social y a los trabajadores porque ayer como hoy el modelo que se está implementando en el país es el de una economía conservadora neoliberal y por lo tanto de exclusión. Este modelo ahora tiene una novedad que es la utilización de la justicia para judicializar a los dirigentes gremiales, sociales, políticos, y a todos los que luchan por mejores condiciones de vida. Es el mismo esquema que ha privado de la libertad en forma arbitraria a Milagro, y a muchos otros luchadores a lo largo y ancho del país”, aseguró Juan Manuel Esquivel, diputado del Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular.

Durante la jornada, los tiempos que se viven hoy en el país en general y en la provincia en particular, fueron también analizados en el marco de la situación regional y vinculados directamente con lo que se vivió en plena dictadura con el Plan Condor. Hace pocos días, el ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raul Zaffaroni había planteado que hoy ese acuerdo regional se plasma no a través de los militares, sino de un poder judicial que actúa coordinadamente con el económico y el mediático con el fin de avasallar los derechos conquistados.

En ese contexto, Luis Paz, que también integra el equipo de defensa de Milagro Sala, señaló que este proceso “se inició en Paraguay con el golpe blando contra Lugo, con un intento contra Correa en Ecuador, luego con la destitución de Dilma en Brasil y la persecución judicial contra Lula. Ahora en la Argentina existe una clara estrategia de neutralizar a opositores electorales, usando al poder judicial como ariete, lo cual contribuye al desprestigio de la política. La idea es aniquilar al opositor, visto como enemigo, por vía judicial y para ello basta algún juez servil a los servicios de inteligencia y a los medios hegemónicos. Hoy el Poder Judicial, salvo contadas y honrosas excepciones, son los grupos de tareas que otrora desaparecían a los compañeros y compañeras. Solo la unidad y la lucha en la calle es la clave para sostener y profundizar la democracia a la que estos grupos están empeñados en destruir”, analizó.

Durante el acto en Libertador se hizo también un homenaje a Rita Cordero de Garnica, una de las mujeres secuestradas durante esas noches oscuras, cuando estaba preso su marido Agustín Donato Garnica, fundador del sindicato de zafreros de Ledesma. El 20 de julio de 1976, los camiones se llevaron a ella y a dos de sus hijos –Miguel Angel y Domingo Horacio-de su casa. Rita estuvo secuestrada seis meses, los hijos aún permanecen desaparecidos. Su marido pasó siete años en la cárcel. Y ella perdió la casa por disposición del Ingenio. “Es un ícono de la lucha contra la impunidad”, dijo Inés Peña. “Una de las representantes de la lucha contra la dictadura y contra la impunidad civil y empresarial. Siempre en sus denuncias nombraba a la empresa Ledesma, pero además está todo lo que ella misma sufrió: en sus recuerdos siempre contaba cómo cuando lo detienen al marido, inmediatamente la empresa le quita casita donde vivía. A él lo detienen por sindicalista”, dijo Inés sobre las prácticas de la empresa a la que se la acusa hoy de mantener su impunidad amparada por el Poder Judicial.

La movilización, encabezada por los organismos de derechos humanos y de la que participaron organizaciones sociales, gremiales, políticas, estudiantiles, repudió los hechos ocurridos en 1976, durante las noches de la última semana de julio, cuando fuerzas policiales irrumpieron en Calilegua, Libertador General San Martín y El Talar para secuestrar a más de 400 personas en medio de un corte energético que se prolongó durante 7 noches. 33 de esas personas todavía continúan desaparecidas. “Se lograron avasallar entonces los derechos de los trabajadores. Todos los dirigentes gremiales y luchadores sociales habían sido secuestrados dejando a los obreros completamente desamparados, producto también de la imposición del terror”, recordaron.

Hoy la historia vuelve a repetirse. Una vez más, como tragedia.

 

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